Los Tiempos
La minería chica y las cooperativas mineras asentadas en jurisdicción del departamento de Oruro generan alrededor de 65.000 empleos, de acuerdo a los últimos informes del Organismo Latinoamericano de Minería (OLAMI).
Estos datos que fueron difundidos a través de un reciente estudio publicado por el Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), bajo el nombre de "Objetivos de Desarrollo del Milenio, Oruro: Situación Actual Evaluación y Perspectivas", estadísticas revelan que 60.000 puestos de empelo se asientan en la minería chica y aproximadamente 4.700 personas viven de las cooperativas mineras orureñas.
El informe señala que estas cifras que se justifican por el aumento de los precios y la mayor demanda mundial sobre los minerales, como elementos dinamizadores de la economía minera en el departamento.
GUERRA DEL ESTAÑO: El OLAMI sostiene que pesar de la dinámica que presenta el sector en los últimos años, se produjeron conflictos entre los trabajadores asalariados dependientes de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y los asociados de las cooperativas mineras en una pugna por controlar los parajes del cerro Posokoni, principal yacimiento de estaño asentado en la población de Huanuni.
Indica que las bases del conflicto, suscitado el 5 y 6 de octubre de 2006 y que dejó 16 muertos y casi un centenar de heridos, se remontan hace más de 20 años con las medidas de ajuste estructural que determinaron el cierre de operaciones mineras de la Comibol y el Banco Minero de Bolivia.
Este hecho, señala el informe, obligó a transferir las operaciones productivas al sector privado, en tanto que ésta quedó sólo como administradora de contratos, a cuya consecuencia, la minería chica y la cooperativizada gravitaron más en la generación de empleos para el sector.
La inversión en la minería, a cargo de empresas extranjeras, recibió apoyo del Estado pero esto no significó un mejoramiento en las condiciones de trabajo de los obreros del subsuelo afirma el PNUD.
El informe concluye que el aumento del precio de los minerales, generó diferencias y creció el interés por acceder al control de algunas minas, los cooperativistas demandaron la entrega de varias concesiones y tomaron por la fuerza algunas de ellas.
Según el estudio del PNUD, la ausencia de un marco legal estable determinó una falta de seguridad jurídica para los inversores, particularmente en la exploración, así como una producción de pequeña escala en una importante parte del sector, con la correspondiente pérdida de eficiencia en la explotación.
Otro factor negativo identificado en la publicación, es la estructura dual en las formas de producción entre transnacionales y empresas de pequeña escala, no articuladas entre sí, además de los severos problemas en los procesos de cambio de regímenes tributarios y de regalías para los departamentos productores.
La minería chica y las cooperativas mineras asentadas en jurisdicción del departamento de Oruro generan alrededor de 65.000 empleos, de acuerdo a los últimos informes del Organismo Latinoamericano de Minería (OLAMI).
Estos datos que fueron difundidos a través de un reciente estudio publicado por el Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), bajo el nombre de "Objetivos de Desarrollo del Milenio, Oruro: Situación Actual Evaluación y Perspectivas", estadísticas revelan que 60.000 puestos de empelo se asientan en la minería chica y aproximadamente 4.700 personas viven de las cooperativas mineras orureñas.
El informe señala que estas cifras que se justifican por el aumento de los precios y la mayor demanda mundial sobre los minerales, como elementos dinamizadores de la economía minera en el departamento.
GUERRA DEL ESTAÑO: El OLAMI sostiene que pesar de la dinámica que presenta el sector en los últimos años, se produjeron conflictos entre los trabajadores asalariados dependientes de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y los asociados de las cooperativas mineras en una pugna por controlar los parajes del cerro Posokoni, principal yacimiento de estaño asentado en la población de Huanuni.
Indica que las bases del conflicto, suscitado el 5 y 6 de octubre de 2006 y que dejó 16 muertos y casi un centenar de heridos, se remontan hace más de 20 años con las medidas de ajuste estructural que determinaron el cierre de operaciones mineras de la Comibol y el Banco Minero de Bolivia.
Este hecho, señala el informe, obligó a transferir las operaciones productivas al sector privado, en tanto que ésta quedó sólo como administradora de contratos, a cuya consecuencia, la minería chica y la cooperativizada gravitaron más en la generación de empleos para el sector.
La inversión en la minería, a cargo de empresas extranjeras, recibió apoyo del Estado pero esto no significó un mejoramiento en las condiciones de trabajo de los obreros del subsuelo afirma el PNUD.
El informe concluye que el aumento del precio de los minerales, generó diferencias y creció el interés por acceder al control de algunas minas, los cooperativistas demandaron la entrega de varias concesiones y tomaron por la fuerza algunas de ellas.
Según el estudio del PNUD, la ausencia de un marco legal estable determinó una falta de seguridad jurídica para los inversores, particularmente en la exploración, así como una producción de pequeña escala en una importante parte del sector, con la correspondiente pérdida de eficiencia en la explotación.
Otro factor negativo identificado en la publicación, es la estructura dual en las formas de producción entre transnacionales y empresas de pequeña escala, no articuladas entre sí, además de los severos problemas en los procesos de cambio de regímenes tributarios y de regalías para los departamentos productores.
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