Nota del Periodico La Razon
Los rescatistas de mineral han hallado su propia veta de riqueza en el negocio que desarrollan al comprar a los productores chicos y a los juqus (ladrones de mineral) a precios por debajo de las cotizaciones oficiales.
Los rescatistas son aquellas personas que se dedican a comprar el mineral en bocamina, en los mismos centros mineros y en algunas ciudades intermedias.
¿Cómo opera este sector? El viceministro de Minería, Pedro Mariobo, responde a esta pregunta con el siguiente ejemplo.
Un juqu que roba estaño de Huanuni le vende a su hermano que es rescatista y que radica en Llallagua. El hermano vende el mineral en esa población a otro rescatista o a un mayorista. Éstos entregan el producto a las comercializadoras que, a su vez, lo venderán a la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV) o lo enviarán al exterior. “Entonces el producto pasa por tres o cuatro manos y generalmente el mineral sale clandestinamente, porque el productor legal vende directamente a Vinto”, manifiesta Mariobo.
Para las cooperativas, el problema es con las comercializadoras. El presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), Andrés Villca, explica que no todos sus afiliados producen las cantidades suficientes de concentrados que compran las grandes comercializadoras legalmente establecidas, como Operaciones Metalúrgicas (OMSA) o la EMV.
“Los cooperativistas no accedemos a preparar (el mineral) en toneladas, a veces preparamos un saco de 50 kilos, de 100 kilos. (...) Por eso las cooperativas, casi en un 90%, hacen entrega a las comercializadoras”, sostiene.
El dirigente lamenta que las comercializadoras manejen “sus propias tablas de cotizaciones” para pagar por el mineral que las cooperativas les venden.
El ex ministro de Minería Dionisio Garzón señala que se desconoce el número exacto de comercializadoras que operan en el país, peor aún la cantidad de rescatistas que existen. A saber, ambos sectores están sobre todo en Oruro, Potosí y Llallagua. Mariobo y Villca coinciden al señalar que rescatistas y comercializadoras surgieron producto de la libre oferta y demanda, establecidos en el Decreto 21060.
Andrés Villca precisa que, del pago que hacen a las cooperativas por el mineral, las comercializadoras retienen un porcentaje por concepto del Impuesto Complementario de la Minería (ICM), además de un 1,8% para aportes a la Caja Nacional de Salud (CNS) y otro 1% para la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), en el caso de aquellas que tienen áreas de trabajo arrendadas.
Mientras, Garzón indica que como son tantas y hay varias no registradas, no existe un control a la actividad que desarrollan ni a la retención de impuestos que por ley les corresponde realizar.
Pero éstas no son las únicas cifras desconocidas. Garzón afirma que tampoco se conoce con exactitud las pérdidas que ocasionan los intermediarios tanto a los productores como al Estado.
En mayo, durante un informe ofrecido a los diputados, el ministro de Minería, Luis Alberto Echazú, dio cuenta sobre el estudio internacional que revela que Bolivia exporta $us 2.000 millones en minerales, es decir, casi el doble de los $us 1.072 millones registrados en la gestión pasada.
Echazú precisó que por las actividades ilícitas, se calcula que el Estado estaría perdiendo al menos $us 70 millones anuales.
En el caso del oro, el ex ministro Garzón apunta que entre dos y cinco toneladas de este mineral salen del país por la vía ilegal.
Con todo, el Ejecutivo está decidido a no permitir más actividades mineras fuera de norma. Por ello, en junio se decidió crear el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales (Senarecom).
Dionisio Garzón destaca la medida y agrega que, adicionalmente, la comercialización del estaño, oro y plata debería estar controlada por el Estado. Indica que también deberían existir oficinas regionales en las principales ciudades y centros mineros, con el objetivo de crear una verdadera estructura de control estatal de la comercialización.
Comercio
Formales • La mayor comercializadora de minerales de plomo-zinc-plata es Glencore y la principal de estaño es Vinto. Esta última compra y procesa la mayor parte de la producción de concentrados y exporta estaño metálico. Otros ejemplos de comercializadoras medianas son Lambol y Baremsa, además de una decena de compañías mineras con capacidad para exportar sus productos.
Otros minerales • El ex ministro Dionisio Garzón apunta que la comercialización de los otros minerales (antimonio, oro, wólfram, piedras preciosas y semipreciosas, minerales no metálicos, entre otros) es menos controlada y por tanto susceptible de terciarización, contrabando y especulación.
Los rescatistas son aquellas personas que se dedican a comprar el mineral en bocamina, en los mismos centros mineros y en algunas ciudades intermedias.
¿Cómo opera este sector? El viceministro de Minería, Pedro Mariobo, responde a esta pregunta con el siguiente ejemplo.
Un juqu que roba estaño de Huanuni le vende a su hermano que es rescatista y que radica en Llallagua. El hermano vende el mineral en esa población a otro rescatista o a un mayorista. Éstos entregan el producto a las comercializadoras que, a su vez, lo venderán a la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV) o lo enviarán al exterior. “Entonces el producto pasa por tres o cuatro manos y generalmente el mineral sale clandestinamente, porque el productor legal vende directamente a Vinto”, manifiesta Mariobo.
Para las cooperativas, el problema es con las comercializadoras. El presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), Andrés Villca, explica que no todos sus afiliados producen las cantidades suficientes de concentrados que compran las grandes comercializadoras legalmente establecidas, como Operaciones Metalúrgicas (OMSA) o la EMV.
“Los cooperativistas no accedemos a preparar (el mineral) en toneladas, a veces preparamos un saco de 50 kilos, de 100 kilos. (...) Por eso las cooperativas, casi en un 90%, hacen entrega a las comercializadoras”, sostiene.
El dirigente lamenta que las comercializadoras manejen “sus propias tablas de cotizaciones” para pagar por el mineral que las cooperativas les venden.
El ex ministro de Minería Dionisio Garzón señala que se desconoce el número exacto de comercializadoras que operan en el país, peor aún la cantidad de rescatistas que existen. A saber, ambos sectores están sobre todo en Oruro, Potosí y Llallagua. Mariobo y Villca coinciden al señalar que rescatistas y comercializadoras surgieron producto de la libre oferta y demanda, establecidos en el Decreto 21060.
Andrés Villca precisa que, del pago que hacen a las cooperativas por el mineral, las comercializadoras retienen un porcentaje por concepto del Impuesto Complementario de la Minería (ICM), además de un 1,8% para aportes a la Caja Nacional de Salud (CNS) y otro 1% para la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), en el caso de aquellas que tienen áreas de trabajo arrendadas.
Mientras, Garzón indica que como son tantas y hay varias no registradas, no existe un control a la actividad que desarrollan ni a la retención de impuestos que por ley les corresponde realizar.
Pero éstas no son las únicas cifras desconocidas. Garzón afirma que tampoco se conoce con exactitud las pérdidas que ocasionan los intermediarios tanto a los productores como al Estado.
En mayo, durante un informe ofrecido a los diputados, el ministro de Minería, Luis Alberto Echazú, dio cuenta sobre el estudio internacional que revela que Bolivia exporta $us 2.000 millones en minerales, es decir, casi el doble de los $us 1.072 millones registrados en la gestión pasada.
Echazú precisó que por las actividades ilícitas, se calcula que el Estado estaría perdiendo al menos $us 70 millones anuales.
En el caso del oro, el ex ministro Garzón apunta que entre dos y cinco toneladas de este mineral salen del país por la vía ilegal.
Con todo, el Ejecutivo está decidido a no permitir más actividades mineras fuera de norma. Por ello, en junio se decidió crear el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales (Senarecom).
Dionisio Garzón destaca la medida y agrega que, adicionalmente, la comercialización del estaño, oro y plata debería estar controlada por el Estado. Indica que también deberían existir oficinas regionales en las principales ciudades y centros mineros, con el objetivo de crear una verdadera estructura de control estatal de la comercialización.
Comercio
Formales • La mayor comercializadora de minerales de plomo-zinc-plata es Glencore y la principal de estaño es Vinto. Esta última compra y procesa la mayor parte de la producción de concentrados y exporta estaño metálico. Otros ejemplos de comercializadoras medianas son Lambol y Baremsa, además de una decena de compañías mineras con capacidad para exportar sus productos.
Otros minerales • El ex ministro Dionisio Garzón apunta que la comercialización de los otros minerales (antimonio, oro, wólfram, piedras preciosas y semipreciosas, minerales no metálicos, entre otros) es menos controlada y por tanto susceptible de terciarización, contrabando y especulación.
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